https://bremaneur.wordpress.com/2010/12/06/desafectos-derrotistas-quintacolumnistas-y-demas-ralea/

Cazorla no era el único convencido de que el movimiento
anarquista estaba infestado de quintacolumnistas. Largo
Caballero dijo al secretario del PSOE, Juan-Simeón
Vidarte, que «en la FAI hay infiltrados numerosos agentes
provocadores y esbirros de la policía, por eso es
imposible tratar con ellos»[6]. Ninguno de ellos iba del todo
desencaminado en sus sospechas. La facilidad con la que
se podían obtener carnés de la CNT otorgaba a la Quinta
Columna un acceso rápido a la información, una
herramienta para organizar acciones provocadoras y una
relativa libertad de movimientos. Con los carnés de la
CNT, los quintacolumnistas consiguieron también
identificaciones para infiltrarse en los Servicios de
Seguridad republicanos[7].
Un ejemplo de las consecuencias del conflicto entre
comunistas y anarquistas tuvo lugar en Murcia. Luis Cabo
Giorla, que fue gobernador civil comunista de la provincia
desde mediados de octubre de 1936 hasta principios de
enero de 1937, emprendió una fiera persecución contra
los quintacolumnistas, algunos de los cuales poseían
credenciales de la CNT desde antes de que estallara la
guerra. Tras ser derrotados en Valencia, varios elementos
de la Columna de Hierro se habían desplazado a Murcia y
habían cometido actos de pillaje y violencia contra los
campesinos que se resistían. En diciembre, Cabo Giorla
nombró al también comunista Ramón Torrecilla Guijarro,
uno de los hombres clave en Paracuellos, delegado
provincial de la Dirección General de Seguridad. Después
de que Cabo Giorla fuera reemplazado por Antonio Pretel,
Torrecilla actuó sin piedad basándose en el supuesto de
que cualquiera que no perteneciera al Partido Comunista
podía ser quintacolumnista. Los detenidos recibieron un
trato brutal, sometidos a torturas, palizas y ejecuciones
simuladas. Finalmente, en abril, una campaña de la CNT
respaldada por el PSOE llevó, tras una investigación
oficial, al arresto de Torrecilla y sus colaboradores, así
como a la dimisión de Pretel. Torrecilla pasó seis meses
en prisión y, tras su liberación, se unió al cuerpo de
seguridad de Cazorla, que ostentaba entonces el cargo de
gobernador civil de Albacete. Allí, su obsesivo empeño por
purgar la retaguardia motivó las quejas de otras fuerzas
del Frente Popular en la provincia[8].
Sintomático de cómo se alimentaban las sospechas de los
comunistas fue el anuncio de Amor Nuño, en la reunión de
la Junta Delegada de Defensa de Madrid el 23 de
diciembre de 1936, de que dimitía de su cargo por
motivos de salud y siguiendo el consejo de los médicos. Al
parecer, unos días antes, una reunión de la dirección de la
CNT, la FAI y la Federación de Juventudes Libertarias lo
había expulsado del movimiento anarquista. Según
Gregorio Gallego, Cipriano Mera había agarrado a Nuño
por el cuello, lo había zarandeado y lo había empujado
contra la pared, diciendo que merecía que lo mataran. Se
discutió si debían ejecutarlo inmediatamente. El crimen de
Nuño era desatender sus obligaciones por la relación que
mantenía con la hija de un oficial rebelde. Para empeorar
aún más las cosas, la había nombrado su secretaria y la
había llevado con él a reuniones importantes, donde la
mujer había podido escuchar discusiones secretas. Los
compañeros de Nuño sospechaban que ella era una espía
franquista que le había lavado el cerebro. Decidieron
dejarlo con vida, pero, al considerar que ya no era de fiar,
lo obligaron a dimitir de la Junta de Defensa. Asumió un
cargo de menor responsabilidad en la Secretaría de la
Federación Nacional de la Industria del Transporte y se
trasladó a Barcelona, donde fue arrestado el 4 de mayo de
1937 por su participación en los sucesos de mayo. Al final
de la guerra, Nuño fue detenido por la Policía franquista en
Alicante y trasladado a Madrid, donde murió tras una brutal
paliza recibida en el Ministerio de la Gobernación[9].
A Amor Nuño lo sustituyó como consejero delegado de
Transportes Manuel González Marín, a quien se recordará
por su papel destacado en el motín de la cárcel Modelo, el
22 de agosto. Santiago Carrillo, que también había
dimitido, fue sustituido dos días después en su cargo de
consejero delegado de Orden Público por su hasta
entonces subconsejero, José Cazorla Maure. Aseguró que
se marchaba para dedicarse plenamente a preparar el
próximo congreso, donde se sellaría la unificación de las
juventudes socialistas y comunistas. Sin embargo, es muy
posible que su sustitución guardara relación con un
incidente ocurrido dos días antes de su renuncia[10].
A las tres de la tarde del 23 de diciembre, el consejero de
Abastecimientos, Pablo Yagüe Esteverá, fue detenido en
un puesto de control anarquista cuando salía de la ciudad
para atender un asunto oficial. Según el decreto
promulgado por Carrillo el 9 de noviembre, la vigilancia de
las carreteras de entrada y salida de la capital era
responsabilidad de la Policía, la Guardia de Asalto y las
Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MVR), bajo la
coordinación general de la Consejería de Orden Público.
Así pues, los anarquistas que detuvieron a Yagüe carecían
de autoridad para hacerlo; se negaron a reconocer las
credenciales de la Junta de Defensa, diciendo que solo
obedecían al Comité Regional de la CNT. Yagüe pasó el
bloqueo y los guardias le dispararon, hiriéndole de
gravedad. Luego se refugiaron en el Ateneo Libertario del
barrio de Ventas. Carrillo ordenó su detención, pero los
agentes de Policía que fueron al Ateneo se encontraron
con que los hombres a quienes buscaban se hallaban bajo
la protección del Comité Regional de la CNT. Carrillo envió
una partida de guardias de asalto para que los apresaran.
En la reunión de la Junta donde se discutió el asunto,
exigió su fusilamiento[11].
La crónica aparecida en la prensa comunista los
denunciaba como elementos incontrolables al servicio del
fascismo y «verdaderos enemigos del pueblo y de la
revolución, como salteadores sin conciencia, como
aventureros y desalmados que asesinan a sangre fría a los
mejores defensores del pueblo». Los comunistas pidieron
un castigo ejemplar y, para que no volvieran a repetirse
esa clase de delitos, el desarme de las milicias fuera de
Madrid. Sugirieron que «ciertas organizaciones» estaban
llenas de infiltrados de la Quinta Columna, en clara alusión
a la CNT[12]. Una acusación que no se apartaba un ápice
de la verdad[13].
La reacción inicial de los dirigentes anarcosindicalistas fue
conciliatoria; hicieron hincapié en la importancia de la
unidad de la izquierda, que podía peligrar con las
acusaciones de que los responsables de disparar a Yagüe
eran quintacolumnistas. Días después, el 25 de diciembre,
tres cenetistas aparecieron muertos con los carnés del
sindicato en la boca. Esos asesinatos fueron vengados
por el Comité de Defensa de Eduardo Val con la muerte
de tres comunistas, que también aparecieron con el carné
del partido en la boca. Después, otros dos cenetistas
fueron asesinados, y la prensa del PCE redobló su
campaña por una purga en la CNT. En respuesta, la CNT
publicó una lista de los militantes asesinados por
comunistas en Málaga, Cabeza del Buey (en La Serena, al
este de Badajoz), Las Herencias (Ciudad Real), Miguel
Esteban y La Guardia (Toledo), así como en Perales de
Tajuña y otros pueblos de Madrid[14].
Carrillo fracasó en su demanda para que la Junta de
Defensa condenara a muerte a los milicianos
responsables de la agresión a Yagüe, una decisión que no
les competía. Y montó en cólera cuando el caso se puso
en manos de un tribunal del estado, donde un fiscal se
negó a pedir la pena capital con el argumento de que
Yagüe no había mostrado sus credenciales a los
cenetistas. Con la prensa comunista clamando por la
sangre de los milicianos, José García Pradas, el director
de CNT, exigió en sus páginas que los liberaran,
amenazando con que, en caso contrario, las fuerzas de la
CNT serían retiradas del frente para liberarlos por la
fuerza. Era el tipo de comentario que convencía a muchos
otros de que los anarquistas eran unos irresponsables,
cuando no claramente subversivos. En la práctica, CNT
era la tribuna del Comité de Defensa que lideraban
Eduardo Val, Manuel Salgado Moreira y García Pradas,
todos ellos furibundos anticomunistas. Miaja ordenó la
suspensión de dicha publicación, pero García Pradas se
negó a obedecer. Imprimió el número siguiente, y se
disponía a distribuirlo cuando Miaja rodeó las oficinas del
periódico con guardias de asalto y declaró que era
absurdo, después de los sacrificios que se hacían para
defender Madrid, que una disputa entre anarquistas y
comunistas provocara la caída de la ciudad. Su
intervención evitó el derramamiento de sangre.
Finalmente, para disgusto del Partido Comunista, el
tribunal decidió que los milicianos que habían disparado a
Yagüe habían actuado de buena fe. La reacción inmediata
de ambas organizaciones fue alcanzar un acuerdo para
evitar que estas hostilidades socavaran la unidad para
combatir el fascismo. Pero el pacto duró poco[15]. Estas
pugnas entre partidos reflejaban tanto la debilidad del
estado, cada vez mayor, como la precaria lealtad que la
CNT guardaba hacia la República.
El sucesor de Carrillo, José Cazorla, estaba decidido a
poner fin a la existencia de distintas policías
pertenecientes a facciones. Una cuestión intolerable a su
juicio era que muchos informes sobre derechistas, en
poder de las milicias desde julio de 1936, no hubieran sido
entregados a la Dirección General de Seguridad, lo cual
había permitido que los Tribunales Populares pusieran en
libertad a numerosos quintacolumnistas porque no se
conservaban registros de sus afiliaciones políticas.
Cazorla ya había iniciado la tarea de centralizar los
informes y los organismos cuando tomó el relevo de
Serrano Poncela en la Dirección General de Seguridad de
la capital. Creía que era el primer paso hacia su principal
objetivo, la investigación y el castigo del sabotaje y la
subversión en pro de la causa rebelde. El celo que puso en
su empeño, sin embargo, condujo a un conflicto cada vez
más duro con los anarquistas y los disidentes comunistas
antiestalinistas. Los comunistas pensaban que la
oposición de los anarquistas y antiestalinistas a una
campaña bélica muy centralizada constituía en sí misma un
acto de sabotaje y subversión. Además, estaban
convencidos de que parte de la violencia era obra de
agentes provocadores infiltrados en la CNT y que estaba
destinada a desacreditar la República en el ámbito
internacional y a desmoralizar al puebloOtro factor que envenenaba las relaciones entre la CNT y
los comunistas eran las sospechas acerca de Melchor
Rodríguez, el delegado de Prisiones de la CNT en Madrid
y Alcalá de Henares. Melchor Rodríguez conseguía la
liberación de un centenar de presos cada día. La
sospecha de que mantuviera vínculos con la Quinta
Columna cobró fuerza cuando varios de los liberados
gracias a su mediación se pasaron luego al bando
rebelde, como fue el caso del destacado oficial Agustín
Muñoz Grandes, o de la estrella de la radio, el falangista
Bobby Deglané. En una reunión de la Junta de Defensa
celebrada el 8 enero de 1937, Cazorla lamentó las
excesivas libertades que Melchor Rodríguez daba a los
prisioneros, pues se les concedía la posibilidad de
celebrar manifestaciones en apoyo a los rebeldes y de
mantener reuniones privadas con miembros del cuerpo
diplomático. Lo tachó de «protector de los presos»,
sugiriendo que trataba a los derechistas arrestados como
si fueran los viejos presos de la CNT. El 19 de febrero,
Cazorla acusó a Rodríguez de oponerse a su política de
orden público. Además, despertó la ira de los dirigentes
de la CNT cuando, en su campaña contra el sabotaje y el
espionaje, empezó a investigar la infiltración de
quintacolumnistas en los Servicios Secretos de Guerra,
que dirigía el anarquista Manuel Salgado en el Ministerio
de la Guerra[16].
A la luz de estas investigaciones, la Brigada Especial
dirigida por Santiago Álvarez Santiago arrestó a más de
una treintena de anarquistas y socialistas a mediados de
febrero. La prensa de la CNT alegó que sus militantes
considerados enemigos del estado estaban siendo
confinados como parte de la guerra sucia comunista
contra la CNT emprendida por la Delegación de Orden
Público de Cazorla[17]. El 23 de febrero hubo disparos
contra un policía comunista, Santiago González Medina.
Cazorla reiteró su convencimiento de que la CNT
albergaba a muchos quintacolumnistas y se reafirmó en el
derecho de mantener bajo detención gubernativa a
personas absueltas por los tribunales[18].
Con la idea de rebatir la acusación de Cazorla y de
demostrar que sus miembros pasaban filtros muy estrictos,
la CNT presentó el poco convincente caso de Miguel
Abós, un militante aragonés de primera línea. Abós había
estado en Zaragoza cuando triunfaron los golpistas, y
había sobrevivido porque lo protegió uno de los principales
militares rebeldes de la ciudad, el coronel Urrutia. En un
comienzo lo hizo con la vana esperanza de que detuviera
la huelga general que la CNT había convocado para parar
el golpe. Aunque Urrutia estaba dispuesto a dejarle
escapar, Abós se quedó para evitar que se tomaran
represalias contra su familia. En enero de 1937, viendo
que su situación era insostenible, finalmente tomó la
decisión de huir y el coronel Urrutia lo ayudó a alcanzar
territorio republicano. Una vez allí, lo acusaron falsamente
de traición, estuvieron a punto de ejecutarlo y lo
condenaron a trabajos forzados. De hecho, a otros
militantes que cruzaron las líneas no los importunaron de
esa manera, y al parecer Abós fue la víctima de un ajuste
de cuentas[19]. Sin dejarse impresionar por el caso de
Abós, los agentes de Cazorla siguieron arrestando a
numerosos prisioneros absueltos, incluso en el momento
en que salían de los tribunales[20].
Hubo quejas, tanto de diplomáticos en nombre de
derechistas, como de la CNT en representación de sus
militantes, por el hecho de que se enviara a estos
detenidos a batallones de castigo en zonas peligrosas del
frente para trabajar en las fortificaciones del Ejército
republicano[21]. Resultaba irónico que los campos de
trabajo fueran idea del ministro de Justicia, el cenetista
Juan García Oliver. Dos días después de asumir su
cartera, en el mes de noviembre, pidió la creación de
campos donde los presos fascistas construyeran defensas
y carreteras estratégicas. El 31 de diciembre de 1936,
acompañado de Mariano Gómez, presidente del Tribunal
Supremo, explicó en Valencia su visión de la justicia, no
exenta de idealismo. Los delincuentes comunes, en
quienes no veía enemigos de la sociedad sino víctimas, se
rehabilitarían en la cárcel gracias a las bibliotecas, el
deporte y el teatro. Los presos «político-fascistas» lo
harían construyendo carreteras, puentes y vías férreas, a
cambio de salarios decentes. García Oliver creía que esa
clase de salvación era más provechosa para los fascistas
que ser sentenciados a muerte por los Tribunales
Populares. Estableció el primer campo de trabajo en
Totana, provincia de Murcia. En la entrada colgaba una
enorme pancarta donde se leía «Trabaja y no pierdas la
esperanza[22]. ».
El 28 de febrero de 1937, la cuestión de las detenciones
preventivas suscitó un enfrentamiento abierto entre
Melchor Rodríguez y José Cazorla. El subsecretario de
Justicia, Mariano Sánchez Roca, pidió a Melchor que
encontrara a su sobrino, Ricardo Pintado-Fe. El joven fue
localizado en una checa comunista, donde llevaba más de
dos meses retenido, y Melchor escribió a Cazorla para
que lo liberaran. Cazorla intervino satisfactoriamente, pero
Melchor Rodríguez dio más difusión a la noticia de la
detención que a la de la puesta en libertad, con los
dañinos efectos esperables[23]. Finalmente, Melchor
Rodríguez fue cesado por García Oliver el 1 de marzo de
1937: las relaciones amistosas que mantenía con los
muchos derechistas a los que había ayudado levantaban
demasiadas sospechas. Lo sustituyó Julián Fernández,
secretario de la Federación Local de Sindicatos de la
CNT. Fernández continuó con la política instaurada por
Melchor Rodríguez de evitar que se cometieran abusos
con los presos, aunque a diferencia de su predecesor, no
estableció con ellos vínculos que dieran lugar a
controversias[24].
Las hostilidades entre los comunistas y la CNT se
recrudecieron cuando a principios de marzo de 1937
Santiago Carrillo aseguró en un discurso que en las
Juventudes Libertarias había elementos trotskistas
infiltrados. La CNT respondió con ira, puesto que se sabía
que Carrillo y las JSU consideraban que el trotskismo
estaba al servicio del imperialismo fascista[25].
El 12 de marzo fue asesinado el anarquista Domingo
Rodríguez Oterino, el segundo de a bordo del Consejo de
Transportes de la Junta de Defensa, y resultaron heridos
tres de sus compañeros[26]. Cuatro días después, en
Villanueva de Alcardete (Toledo), unos milicianos
comunistas capitaneados por el alcalde asaltaron la sede
de la CNT y mataron a 9 hombres. Los acontecimientos
cobraron un giro inesperado cuando el PCE accedió a que
se llevara a cabo una investigación judicial. Los alcaldes
de Villanueva y la vecina Villamayor fueron hallados
culpables de asesinatos, violaciones y saqueos acaecidos
desde el verano de 1936. El Tribunal Popular de Cuenca
condenó a muerte a los cabecillas, junto a otros 3
individuos, y encarceló a 8 más. A lo largo de la primavera
de 1937 hubo enfrentamientos en otras aldeas de Castilla
la Nueva, Pedro Muñoz (Ciudad Real), Puebla de
Almenara y Villamayor de Santiago (Cuenca), Villa de Don
Fadrique y Corral de Almaguer (Toledo). Seis anarquistas
fueron asesinados en Torres de la Alameda (Madrid). Sin
embargo, la voluntad de la literatura anarquista de
embargo, la voluntad de la literatura anarquista de
presentarse como inocentes víctimas revolucionarias de
una agresión comunista refleja solo una cara de la
moneda. Se libró una auténtica batalla ideológica entre los
anarquistas comprometidos con la colectivización y la
política comunista de apoyar a los pequeños propietarios
para mejorar la producción agrícola. Además, algunos de
los choques fueron fruto de la resistencia contra
anarquistas de Madrid, que requisaban alimentos sin
pagar por ellos[27].