Para el Homo Soviéticus, el Estado era una presencia central y omnipresente. En primer lugar era el distribuidor formal de bienes y el productor prácticamente monopolístico de los mismos, así que incluso el mercado negro negociaba principalmente con productos estatales y fiaba en gran medida en contactos con el Estado. En segundo lugar, todos los ciudadanos urbanos trabajaban para el Estado, ya fueran obreros, o mecanógrafos o profesores o tenderos: en la práctica no había patronos alternativos. En tercer lugar, el Estado era un incansable regulador de la vida, emitiendo y exigiendo una cadena interminable de documentos y permisos sin los cuales no se podían realizar las operaciones más sencillas de la vida cotidiana. Como todo el mundo incluyendo los dirigentes admitía, la burocracia soviética, habiendo crecido recientemente para abordar su nuevas y expandidas tareas, y llena de cargos y funcionarios inexpertos y poco cualificados, era lenta, torpe, ineficaz y con frecuencia corrupta. Se tenía en poca estima el Estado de Derecho, y las acciones del funcionariado, del más alto al más bajo nivel estaban marcadas por la arbitrariedad y el favoritismo. Los ciudadanos se sentían a merced de los funcionarios y del régimen; especulaban sin fin sobre la gente “de arriba” y con qué nuevas cosas podrían sorprenderles, pero se sentían incapaces para influenciarles

Nuestra libertad de elección en una sociedad en régimen de competencia se funda
en que, si una persona rehúsa la satisfacción de nuestros deseos, podemos volvernos
a otra. Pero si nos enfrentamos con un monopolista, estamos a merced suya. Y una
autoridad que dirigiese todo el sistema económico sería el más poderoso
monopolista concebible. Si bien no tendríamos probablemente que temer de esta

autoridad que explotase su poder como un monopolista privado lo haría, si bien su
propósito no sería presumiblemente la consecución de la máxima ganancia
financiera, gozaría, sin embargo, de completo poder para decidir sobre lo que se nos
diera y en qué condiciones. No sólo decidiría las mercancías y servidos disponibles
y sus cantidades; podría dirigir su distribución por distritos y grupos y podría, si lo
quisiera, discriminar entre personas hasta el grado en que lo pretendiese. Si
recordamos por qué defiende mucha gente la planificación, ¿podría quedar mucha
duda de que este poder sería utilizado para los fines que la autoridad aprobase y
para impedir la consecución de los fines que desaprobase?

El poder conferido por el control de la producción y los precios es casi ilimitado.
En una sociedad en régimen de competencia, los precios que tenemos que pagar por
una cosa, es decir, la relación en que podemos cambiar una cosa por otra, dependen
de las cantidades de aquellas otras cosas de las cuales privamos a los demás
miembros de la sociedad por tomar nosotros una. Este precio no está determinado
por la voluntad consciente de nadie.

Y si un camino para la consecución de nuestros fines nos resulta demasiado caro,
tenemos libertad para intentar otros caminos. Los obstáculos en nuestra vía no son
obra de alguien que desaprueba nuestros fines, sino la consecuencia de desearse en
otra parte los mismos medios. En una economía dirigida, donde la autoridad vigila
los fines pretendidos, es seguro que ésta usaría sus poderes para fomentar algunos
fines y para evitar la realización de otros. No nuestra propia opinión acerca de lo
que nos debe agradar o desagradar, sino la de alguna otra persona, determinaría lo
que hiciésemos. Y como la autoridad tendría poder para frustrar todos los esfuerzos
encaminados a eludir su guía, casi con tanta eficacia intervendría en lo que
consumimos como si directamente nos ordenase la forma de gastar nuestros

http://www.elcato.org/sites/default/fil ... ronico.pdf
ingresos.

(...) Según contó el dirigente comunista
argentino Codovila a Hernández, las discusiones sobre la guerra civil
entre la dirección de la IC y los españoles habían nacido de una de las
“ingenuas” preguntas de Stalin a los líderes de la Komintem. “¿Por qué ha
terminado la guerra del pueblo español en forma tan inesperada y
luctuosa?” Para dilucidarlo y ante el temor de que Stalin volviera a
repetir la pregunta, la IC se reúne en el verano de 1939 y, luego, en
febrero de 1940, casi un año después de la tragedia, con los cinco
miembros del Buró Político, algunos cuadros militares españoles (Líster,
Modesto, etc...) y el líder del PSUC, Comorera. Por la Komintem asistió
la plana mayor: Dimitrov, Manuilski, Stepanov, Geróe...
Tenemos muy pocas informaciones fiables sobre estas reuniones. Hernández,
que fue quien más se refirió a ellas en sus memorias, se señala como
vencedor frente a Dolores y Antón. Líster a su vez se considera el gallo
de la reunión frente a los demás colegas de armas. A partir de las
distintas versiones pueden establecerse algunos hechos con cierta
verosimilitud. Las reuniones tuvieron varios niveles de
representatividad, siguiendo el estilo de la IC, muy estricta en
cuestiones de escalafón y protocolo.
Para responder a la inquietante pregunta de Stalin empezaron a reunirse (...)
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http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer ... bJSOCtDqHx

Si se blindase constitucionalmente la propiedad social de los medios de producción no habría vuelta atrás legal.

En todo caso se podría emplear el artículo de la Ley Fundamental alemana que dice que "el Estado podrá decretar la socialización de los medios de producción", que sí que permitiría volver atrás.

Ah, qué bribón, tú lo que quieres es que la Constitución socialista siga siendo propia de un Estado capitalista. Pero no veo por qué.

Bueno, muchas veces no hay acuerdo para reconocer determinados derechos pero una vez que son reconocidos no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en su día la derecha se opuso al divorcio pero jamás han intentado prohibirlo de nuevo, ni lo harán.

El derecho al divorcio, o al aborto, es individual: yo me divorcio o no y a nadie más le afecta (salvo a mi pareja, claro). Impacto social, cero. Quien no se quiera divorciar no se divorcia.

Si se decretase la socialización de los medios de producción afectaría a todos, comunistas y ultraliberales. Por lo tanto, hay que tomarlo con más calma.

Nótese que el sistema capitalista sí que permite que existan cooperativas en las que los obreros son también los propietarios, por ejemplo, y sin límite a su tamaño (véase el Grupo Mondragón)