Con el advenimiento de la Segunda República se produjeron cambios sustanciales en la política socioeconómica de España. La sanidad y la educación constituyeron los elementos clave para la modernización de un país, por aquel entonces de población mayoritariamente rural y analfabeta y con elevadas tasas de morbimortalidad. La puesta en marcha en la Segunda República de un programa sanitario encaminado a disminuir la morbimortalidad y mejorar el estado de salud de la población española en su conjunto, hizo necesaria la creación de nuevas estructuras e instituciones y la reorientación de las funciones, ámbito de actuación y formación de los profesionales sanitarios.



Partiendo de la denuncia de las lamentables condiciones de vida, del mal estado de salud de la población general en España y del atraso del aparato sanitario español, junto con el reconocimiento de la obligación y responsabilidad del Estado en la determinación, en primer lugar, de los problemas de salud de la población (mediante estudios epidemiológicos), y en su atención y control apropiados subsiguientes, así como la identificación de un modelo de asistencia médica colectivizada (entendiendo por asistencia médica todos los servicios necesarios para el mantenimiento de la buena salud: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación) como el medio de conseguir la deseada mejora del estado de salud y de las condiciones de vida da mejora del estado de salud y de las condiciones de vida en la población española, se inicia una reforma sanitaria sin precedentes.

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Ya en plena guerra civil, el gobierno republicano intentó poner en marcha unos servicios sanitarios que, al menos en su concepción teórica, llegaron a un nivel de concreción y desarrollo suficiente como para propiciar la incorporación de elementos -como la promoción de la salud, la gratuidad y la universalización- que sugieren una posible formulación de Servicio Nacional de Salud. En este sentido, Según Huertas (2000) un documento sanitario del Frente Popular llegó a especificar que al pasar a ser función del Estado la misión de velar por el mantenimiento de la Salud Pública, y la asistencia de enfermedades de cualquier naturaleza, ya no se trata de que cada ciudadano tenga sólo una protección contra aquellos cuyo estado de enfermedad pueda constituir un peligro para la sociedad, sino que el Estado cuidará de que cada hombre o mujer del pueblo permanezcan sanos y sean debidamente tratados si caen enfermos.

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Lo que más caracterizó la política educativa del Gobierno Provisional fue, sin duda, su decidido planteamiento del déficit de escuelas primarias. Rodolfo Llopis (Ministro del Ministerio), se quejaba de la falta de datos en el Ministerio, del estado y calidad de las escuelas publicas existentes. De ése modo, de un informe realizado por la Inspección de Enseñanza Primaria se dedujo que, habían 32.680 escuelas y que aun eran necesarias 27.151 escuelas más. Ante ésta situación el Ministerio respondió con un plan quincenal mediante el cual se crearían las escuelas necesarias a un ritmo de 5000 escuelas por año, excepto durante el primero que se crearían 7000. Junto a la falta de escuelas, la ausencia de maestros adecuadamente formados y dignamente retribuidos. Para ello hubo que cambiar el sistema de oposición que daba el acceso a la plaza de maestro por la convocatoria de cursillos de selección del profesional. Los candidatos pasaban tres meses bajo control del Ministerio recibiendo una preparación profesional y una orientación pedagógica, dividiéndola en tres partes: clases en las escuelas normales, prácticas pedagógicas en las escuelas primarias y lecciones de orientación en las Universidades. Finalmente eran seleccionados por tribunales competentes a estos efectos. Para la Republica, la formación del maestro aparece como una de las principales atenciones, pues el maestro ya empieza a ser considerado como el “alma de la escuela”. Su formación se basa en tres aspectos importantes: cultural (se adquirirá en los institutos nacionales de segunda enseñanza), preparación profesional (se adquirirá en las escuelas normales, para cuyo ingreso será necesario el bachillerato) y la práctica pedagógica (se realizará en las escuelas nacionales). Además se realizará practicando la coeducación, es decir, se fundían las escuelas normales masculinas y femeninas en escuelas normales mixtas. Además el Gobierno provisional no desatendió otros campos de la educación. Muestra de ello es el decreto de 13 de mayo de 1931, por el cual se suprimía el Plan Calleja de bachillerato, restableciendo el Plan de estudios de 1903. Reformando, así también, la enseñanza media. Por otro lado, mediante el decreto de 21 de mayo, se estableció la necesidad del titulo de maestro para la enseñanza primaria tanto privada como pública y el de licenciado para la enseñanza media. En el ámbito universitario, se otorgaba a las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona un régimen de preautonomía, centrado fundamentalmente en la disminución de exámenes, opciones disciplinarias para los alumnos, régimen de tutorías, etc.… A lo anterior, también hay que sumar otra empresa que acometió el Gobierno, fundamental para consagrar la reforma educativa: una nueva ley de instrucción pública. Una ley cuya finalidad seria la de instituir en España la escuela única, y autorizaba al Consejo para que requiriera de cuantos organismos y entidades estimase preciso orientación y ayuda. Ésta labor le fue encargada a Lorenzo Luzuriaga.