Madrid.
Aunque no sea costumbre, permítanme que me refiera a un asunto que está hoy de actualidad y es el anuncio realizado por varios partidos catalanes de plantear una consulta de autodeterminación. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar.

Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley, esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución que es la indisoluble unidad de la nación española.

Por lo tanto, el Gobierno que presido no puede autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles. Solo al conjunto de los españoles, --el titular único de la soberanía--, les corresponde decir qué es España y cómo se organiza, y nadie puede privarles de ese derecho.

Ningún Gobierno puede ceder lo que corresponde a los españoles. Ni yo ni ningún presidente del Gobierno puede permitir o consentir que se prive a los españoles de lo que la Constitución y las leyes les garantiza.

Como presidente del Gobierno he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y por tanto les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión y de toda negociación.

Desde el Gobierno hemos trabajado siempre por el fortalecimiento de los lazos afectivos, políticos, económicos y sociales que nos unen a catalanes y al resto de los españoles. Por ello lamento profundamente iniciativas que fracturan a la sociedad, alientan la división y generan profundas incertidumbres a la ciudadanía en un tiempo necesitado de certezas.

Voy a dedicar todo mi esfuerzo para que los catalanes que siempre han sido una parte fundamental y querida de España no se vean perjudicados por las consecuencias de esa iniciativa.

Recuerdo el respeto que todos debemos a la ley y especialmente quienes tenemos responsabilidades de Gobierno. Por eso, antes que se formalice esta propuesta y se intente abrir un proceso manifiestamente contrario a la Constitución y a los derechos de los españoles, apelo a la responsabilidad del presidente de la Generalitat y al compromiso político por él asumido de no violentar las leyes".