Para aquellos que pensaban que en la etapa final del año, ya no podían pasar más desgracias a la clase trabajadora colombiana, la triste realidad nos dice otra cosa. Hoy frente a las instalaciones de la empresa TERMOTECNICA para la que prestaba sus servicios, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) fue asesinado a balazos por sicarios, el trabajador petrolero Milton Enrique Rivas Parra, miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), tras haber recibido el día anterior amenazas de muerte de un hombre que lo amenazó por liderar la Asamblea Permanente que desarrollan muchos trabajadores en la región, y por pertenecer a la USO, sindicato que ha liderado la organización en esa región, donde se destaca la transnacional Pacific Rubiales, no por ser para ti, o para mí, como dicen sus miles de propagandas en televisión, internet, radio y prensa, además de torneos deportivos, sino por violar los más mínimos derechos laborales de quienes laboran para ella o las empresas que usa para evadir sus responsabilidad laborales.

Este asesinato se une a la ya larga cadena de muerte que en el 2012 ha teñido de rojo sangre al movimiento trabajador colombiano, que hace ya estéril llevar la lista de los muertos que en el mundo sindical ya llegan casi a veinte pero en el mundo de los trabajadores todos, suman cientos en casi todas las regiones del país. El asesinato del trabajador de esa zona petrolera muestra que siguen vigentes las estructuras armadas que persiguen a quienes se levantan para exigir sus derechos, o los de toda la clase trabajadora, mientras el Gobierno Nacional, se vanagloria en el exterior de que aquí no pasa nada.

Esta muerte, que se une a la interminable lista de sindicalistas muertos en el país, se dio después que la semana pasada el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López visitara la región, con el fin de constatar la realidad laboral que viven allí miles de colombianos y colombianas que sufren, son explotados, mientras Pacific Rubiales saca nuestro petróleo fuera del país, mientras el resto de los colombianos pagamos la gasolina más cara de todo el continente americano, incluidos países que no tienen petróleo.

Lo paradójico, o más bien muestra de lado de quienes están los estamentos armados del país, es que esa zona está militarizada desde hace varios años para contener las protestas de los trabajadores explotados, como en la época de las bananeras en Ciénaga (Magdalena) en 1928, pero nada hicieron para evitar el asesinato del compañero trabajador, acción de sangre que busca no solamente debilitar a la USO, sino someter al terror al mayor número de trabajadores de esa región para que no protesten por la explotación a la que son sometidos, incluso con el beneplácito de algunas espurias organizaciones sindicales al servicio del capital.

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Irina, deja ya de acusar tan alegremente, hay que esperar a ver que dice la justicia de esos paises.

Nuestra propia guerra de Vietnam

Una vez tras otra, los últimos cuatro gobiernos —dos del partido Arena, otros dos del izquierdista FMLN― han aplicado contra las pandillas estrategias erráticas, inacabadas y de corto plazo que no solo no han acercado una solución sino provocado o acelerado sucesivas mutaciones del fenómeno que lo han agudizado. El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha son en El Salvador más organizadas y mucho más violentas que antes de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Son más conscientes de su poder, reflexivas y rencorosas que antes de la mal llamada Tregua. Y son, hoy, más desafiantes frente al Estado y tienen más arraigo en las comunidades que antes de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se lanzara hace un año a una guerra abierta, a tiro limpio, contra ellas.

La estrategia del actual gobierno, cuyo desastroso resultado se podría resumir en los 6,657 homicidios cometidos en el país en 2015, es más dura que las manos duras que impulsó la derecha; más torpe de momento que el desordenado diálogo que intentó el gobierno de Mauricio Funes; y más autodestructiva que todas las anteriores. Y está engendrando una violencia que se suma a la de las pandillas y la espolea.

El pasado lunes, tras perseguir a un grupo de asaltantes en Villas de Zaragoza, la Policía Nacional Civil volvió a ejecutar, según apuntan testigos, a pandilleros rendidos, desarmados y heridos. Y volvió a matar a sangre fría a un ciudadano común que tuvo el infortunio de quedar atrapado en medio de un operativo policial. La versión oficial, como viene siendo habitual en estos casos, que se repiten regularmente desde hace más de un año, es no solo inconsistente sino claramente falsa en varios puntos. Afirma que todas las víctimas eran parte de la pandilla Barrio 18; afirma que todas las muertes se dieron en enfrentamiento armado a pesar de que solo se reportaron dos armas en poder de las cuatro víctimas; e incluye imágenes en las que Armando Díaz Valladares, un empleado de fábrica que había tenido turno de noche y dormía en su cama cuando pandilleros y Policía irrumpieron en su casa, yace muerto boca abajo sobre un fusil, con un balazo en la espalda. Un burdo montaje.

La presencia del subdirector de la Policía en la escena del crimen, el hecho de que fuera él quien el mismo lunes dio la versión oficial de lo sucedido, compromete al cuerpo policial en pleno y descarta que se trate de un exceso fuera del control institucional. Quienes actuaron en Zaragoza fueron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), un cuerpo de élite responsable también de la masacre de San Blas, denunciada por El Faro en agosto del año pasado. Y como entonces, la Corporación calla cuando se le piden aclaraciones y no da señales de querer investigar lo sucedido.

Encaremos lo evidente: la cúpula policial, la Fiscalía, el mismo presidente de la República, saben que las ejecuciones sumarias se han vuelto una práctica habitual en El Salvador. Y las amparan con la excusa del aplauso popular. Como si el dolor de una sociedad víctima legitimara a sus fuerzas de seguridad y autoridades para ser victimarias. Escondida tras el mismo discurso cínico y triunfalista que usaba el Ejército en los 80, la Policía está rompiendo el marco de Derechos Humanos que tantas vidas —una guerra civil― costó levantar.

Pero no solo eso. La actual estrategia, que se nutre de la frustración de la población y los mismos policías, ha lanzado a los agentes a un campo de batalla sin reglas en el que están cada vez más solos, más acorralados. En muchas de las zonas más peligrosas del país, los vecinos ya temen y se protegen por igual de los pandilleros y la Policía. Al golpear sin distinción a cualquier joven de barriada pobre, irrumpir a la fuerza en cada vivienda sospechosa, amenazar y matar impunemente, la Policía dinamita el débil vínculo que aún la unía con los vecinos, de por sí sometidos desde hace años al “ver, oir y callar” impuesto por las pandillas. Los barrios se están convirtiendo en un Vietnam en el que los agentes a pie sospechan ya de todos, se protegen de todos y en última instancia golpean a todos.

En estos momentos, tras los nombramientos de las últimas semanas, en El Salvador todos los puestos de decisión del gabinete de Seguridad Pública están en manos de policías de carrera: desde el Ministerio hasta la Dirección de Migración y Extranjería, pasando por el Organismo de Inteligencia del Estado y obviamente por la Dirección de la Policía Nacional Civil. En este marco, la manera en la que la PNC se posicione éticamente ante la política del exceso de fuerza, ante las torturas en sede policial, ante las ejecuciones sumarias y la muerte del joven Armando, que descansaba en su cama cuando hombres uniformados entraron en su casa, retratará a todo el Gobierno.

El nuevo director de la PNC, Howard Cotto, tiene el deber inexcusable de recuperar para la Policía el apego a la ley y la cordura estratégica, y de forzar a que el ministro reactive la Inspectoría General. Es una maniobra delicada pero posible: sin dar una imagen de debilidad, Cotto ha de enviar a sus agentes el mensaje claro de que, con cada ejecución que cometen, se deprecian ellos y a su uniforme. Para hacerlo, debería contar con el apoyo o con la exigencia externa del nuevo Fiscal General, que ya ha dado las primeras muestras de querer evitar que la impunidad reinante en el país anide del todo en las fuerzas de seguridad.

También la sociedad civil y los medios de comunicación tenemos que bajarnos de inmediato de este tren de irreflexión y deseo de venganza que vitorea a los asesinos cuando llevan placa. Los periodistas debemos, por ética, reivindicar la complejidad del problema y de cualquier posible solución, y dejar de ser simples voceros de las autoridades y de la ira callejera. Aun yendo contra corriente, en estos tiempos críticos nos corresponde ser fiscales de la sociedad que estamos retratando y promoviendo.

El actual gobierno repite, como un mantra que lo quiere justificar todo, que estamos en guerra. El FMLN debería saber mejor que nadie que no todas las guerras son justas, todas las estrategias válidas ni todas las formas de combate nobles. De esta batalla, tal y como está planteada, solo podemos regresar, como individuos y como sociedad, derrotados y deshonrados.



Corrección:
En una primera versión, este editorial atribuía directamente al nuevo director de la PNC, Howard Cotto, el deber de reactivar la Inspectoría General, órgano de control y fiscalización de la Policía. Aunque el más interesado en que eso ocurra ha de ser Cotto y le corresponde promoverlo y demandarlo, en realidad esa potestad está en manos del Ministro de Justicia y Seguridad Pública desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Inspectoría, en octubre de 2014.
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