Todavia siguen los tontoslahaba con mandatos eternos o capitalismo?

LOL

Decreto del Arco Minero del Orinoco suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano

El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.

Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta Magna para la realización de un proyecto de esa envergadura, el decreto del AMO lesiona diferentes garantías en materia de derechos humanos. El artículo 25 elimina tanto los principios de universalidad y progresividad como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. Este artículo también establece nociones que pueden interpretarse como la proscripción del derecho a la manifestación pacífica -“los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados-” y el derecho a la huelga –“los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”.

Prohibir y penalizar el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna. La restricción de garantías constitucionales sólo puede hacerse de forma temporal, mediante la declaratoria de estado de excepción por parte del Presidente en Consejo de Ministros, decreto que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia.

Provea también resalta que dentro del conjunto de medidas económicas anunciadas para enfrentar la crisis, el presidente Maduro anunció una reforma fiscal para elevar los niveles de recaudación. Sin embargo, mientras a las y los trabajadores se les pecha el salario y se les obliga a asumir una mayor carga impositiva, el decreto del AMO, en su artículo 21, establece la otorgación de “exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente a las actividades conexas a la actividad minera”, una medida discriminatoria y que contribuye a la pérdida de poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora.

Por otra parte ante los graves hechos ocurridos en la población de Tumeremo, estado Bolívar, el presidente Maduro anunció la “creación de una Zona Militar Especial para proteger a los municipios mineros de ataques violentos”. Según el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Finalmente, Provea recuerda que el Defensor del Pueblo tiene la obligación constitucional (artículos 280 y 281) de ejercer acciones legales ante la evidente inconstitucionalidad del decreto del AMO, tanto por el incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para iniciar proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales en territorios indígenas, como por la expresa violación de garantías y libertades democráticas, presentes en esta nueva iniciativa extractivista que, vale decir, desdice el discurso gubernamental sobre la superación de la economía rentista en Venezuela. (Prensa Provea)

http://www.derechos.org.ve/2016/03/09/d ... =hootsuite

Van 28 mineros asesinados en Tumeremo.

En silencio.

Los militares venezolanos y Tumeremo
La actividad minera ilegal vive un auge tan descontrolado que llega al salvajismo

¿Qué relación guardan entre sí la reciente decisión de Nicolás Maduro de crear una gran empresa militar que abarque todo el negocio petrolero y minero en Venezuela y la bárbara masacre de 28 mineros informales en la región fronteriza con Brasil?

http://internacional.elpais.com/interna ... 57120.html

La masacre de Tumeremo y la corrupción de la minería en Venezuela

El Gobierno venezolano vincula los asesinatos con enfrentamientos entre bandas paramilitares que pretenden ejercer control político y económico de la zona minera

El ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, redondeó la versión oficial este viernes 18 de marzo. “Dos organizaciones dedicadas a prácticas paramilitares están supuestamente vinculadas a los hechos ocurridos en Tumeremo, donde 17 personas fueron asesinadas”, expresó el alto funcionario sobre la masacre ocurrida en ese pueblo minero del estado Bolívar, ubicado en el sur de Venezuela, este 4 de marzo.

González López aseguró que “en la población de Tumeremo existe una red política económica que recibe fondos ilegales provenientes de la actividad paramilitar”. Además, prometió que “no descansaremos hasta dar con los responsables de este fenómeno paramilitar exportado desde Colombia”.

Desenlace

El relato elaborado por el Gobierno nacional apunta a que el conflicto entre las bandas de “El Topo”, encabezada por un ciudadano de origen ecuatoriano, llamado Jamilton Ulloa Suárez, y de “El Gordo Lizandro” por el control de minas de oro provocó este baño de sangre. “El lamentable desenlace se produjo luego de que estas organizaciones paramilitares, con fines políticos, tuvieran diferencias por el cobro de vacunas y extorsiones practicadas a compradores de oro y comerciantes de esa localidad del estado Bolívar”, afirmó el titular de Relaciones Interiores.

El presidente Nicolás Maduro adelantó la hipótesis el 8 de marzo. “Las informaciones preliminares que me ha transmitido el Defensor del Pueblo, es que se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza en una guerra de bandas de estas zonas mineras (…) Todo parece indicar que se trata de un grupo paramilitar”.

Preguntas sin respuestas

Las autoridades continúan con las investigaciones, practicando detenciones e identificando a supuestos culpables, mientras tratan de despejar las dudas del caso; sin embargo, muchas y muy complejas preguntas siguen sin respuesta. ¿El gobernador del estado Bolívar, prominente figura del chavismo, desconocía lo que ocurría en Tumeremo? ¿Dónde estaba la Fuerza Armada Nacional? ¿Por qué nadie evitó que grupos delictivos atentaran contra la soberanía nacional y tomaran el control de minas para saquear riquezas naturales? Sobre estos puntos no se ha dicho ni una palabra.

Puntos oscuros

El estado Bolívar es una tierra de generales donde abundan los “cabos sueltos”. El general de división retirado del Ejército, Francisco Rangel Gómez, gobierna la entidad desde 2004. Igualmente, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) –ente que administra la explotación del oro y otros minerales- es el mayor general Justo Noguera Pietri, y el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana es el general José Antonio Benavides Torres. Noguera Pietri y Benavides Torres figuran en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por el decreto firmado en 2015 y recientemente prorrogado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Ninguno de esos oficiales se anticipó a la tragedia. De hecho, Rangel Gómez llegó a publicar el 5 de marzo en su cuenta en Twitter: “Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de #Bolívar son FALSAS informaciones sobre mineros asesinados”. A esa hora ya los familiares de los desaparecidos protestaban trancando la principal vía de Tumeremo y el diputado opositor Américo De Grazia denunciaba la masacre en los medios nacionales.

Apenas comenzaban las averiguaciones, cuando el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, salió a librar de toda culpa a la Fuerza Armada Nacional (FAN) en este hecho. “Lamento mucho ver estas groseras acusaciones que se hacen contra los líderes de la Fuerza Armada en un desprestigio sistemático que se hace contra nuestra institución”, reaccionó el general en jefe ante los señalamientos de De Grazia, quien advirtió que cuerpos militares están involucrados en el comercio ilegal de minerales en Bolívar.

En esa misma intervención, Padrino López reconocía que “en el caso de Tumeremo se han hecho denuncias por algunos pobladores de la zona de que se han asesinado, descuartizado y desaparecido, incluso, a compatriotas venezolanos y se ha acusado a la FAN de ser los artífices y en algunos casos cómplices de una aberración como esta”.

De Grazia alertó que enfrenta amenazas de muerte por dirigir las pesquisas desde la Asamblea Nacional. El parlamentario ha declarado que el gobernador Rangel Gómez está involucrado en el negocio de la minería ilegal, y sospecha que los militares tienen “algún nivel de complicidad” con los promotores de esta actividad irregular.

La matanza de Tumeremo ocurre en un momento muy particular. En febrero, el presidente Maduro creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que mete de lleno a la FAN en unas labores que jamás desarrolló. A su vez, el Gobierno acaba de reactivar el llamado Arco Minero del Orinoco, donde podrían participar más de 150 empresas de 35 países en la explotación de oro, diamante y coltán.

El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, ha aseverado que “Venezuela puede pasar a tener la segunda reserva de oro más grande del mundo”. En su última visita a Beijing, Del Pino destacó que el Arco Minero “representa un extraordinario potencial para China”. “Venezuela tiene una de las riquezas mineras más grandes del mundo, y empresas chinas ya han firmado con nosotros acuerdos de certificación de reservas”, acotó.

No obstante, como dejó en evidencia la masacre de Tumeremo, algunas de esas zonas del Arco Minero están bajo el dominio de bandas criminales. “Me pregunto ¿Tendrá que ver (el asesinato de las 17 personas) con una limpieza del área exigida por las transnacionales? No sé, pero estoy horrorizado”, confesó De Grazia, lanzando al aire otra interrogante difícil de contestar.
http://www.diariolasamericas.com/4848_v ... aloza.html

Es curioso, cuando los paramilitares matan a alguien en el pais de al lado, la culpa es del capitalismo y del gobierno corrupto, jorl con las varas de medir.

Hola, malet, hola mella.

Try again, Lalo.

Pa que, si ya has picado?

Venezuela se hunde: